Las autoridades de Veracruz, México, confirmaron la muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, quien había sido secuestrado hace seis días al llegar a su casa en la ciudad de Coatzacoalcos.
El procurador de Justicia del estado, Felipe Amadeo Flores, dijo que el cuerpo del comunicador fue encontrado en una fosa clandestina dentro de una casa de seguridad en Las Choapas, municipio vecino a donde fue plagiado.
En el mismo lugar se encontraron otros dos cuerpos. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas una vecina de Jiménez a quien se acusa de ordenar el secuestro y posterior asesinato.
Gregorio Jiménez era reportero en la agencia NotiSur y el diario Liberal del Sur, ambos editados en Coatzacoalcos. De acuerdo con la versión oficial, la causa del crimen fueron rencillas personales del comunicador con su vecina, aunque periodistas de Veracruz y otras partes de México creen que en el fondo se trata de un caso vinculado con su actividad profesional.
El secuestro de Jiménez de la Cruz desató una intensa ola de protestas de periodistas que realizaron marchas en varias ciudades de México.
La última se realizó en la capital del país donde decenas de comunicadores reclamaron al gobierno de Veracruz primero, y a la Procuraduría General de la República, PGR, después, que Gregorio Jiménez fuera rescatado con vida.
Versión oficial
Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico en México, según organizaciones civiles.
En los últimos tres años han matado a diez comunicadores en el estado, y al menos tres están desaparecidos.
Antes de la muerte de Jiménez de la Cruz el caso que más protestas había causado fue el de la reportera Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, quien apareció muerta en abril de 2012.
En ese caso, como ahora, el gobierno del estado negó que el crimen se vinculase con la actividad profesional de la víctima. Esa vez la versión oficial fue que se trató de un robo.
Sin embargo, la persona que fue encarcelada por supuestamente cometer el delito fue liberada por falta de pruebas.
Organizaciones de comunicadores, como Reporteros Sin Fronteras, Casa del Periodista y la Red de Periodistas de a Pie demandaron a la PGR que investigue el caso, porque no confían en las autoridades de Veracruz.
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