Para Álvarez, con la reactivación del caso Mahuad se quiere desviar la atención

Vladimir Álvarez, exministro de Gobierno del periodo del expresidente Jamil Mahuad, dialogó en Contacto Directo sobre la situación del exmandatario ecuatoriano, quien fue recientemente sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado.

 

En este sentido, el exfuncionario explicó la situación legal del acusado: Para que la Interpol incluya en la lista roja a un ciudadano de cualquier país se requiere que exista una sentencia ejecutoriada de última instancia, que sea condenatoria y con orden de prisión definitiva. En este caso, recién se dictó -después de 14 años- sentencia de primera instancia, frente a lo cual los abogados patrocinadores de Mahuad solicitaron una aclaración a esa sentencia. 

 

“Cuando la jueza aclare su sentencia, tiene todavía Mahuad el recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y una vez que se dicte una resolución en el proceso de apelación, aún hay lugar a un recurso de casación ante el pleno de la CNJ, y una vez que se dicte una resolución, tendría derecho a un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. De tal manera que el camino es muy largo para que haya una sentencia condenatoria y ejecutoriada en definitiva que pudiera dar lugar a una extradición o a la inclusión, legítimamente, sin presiones políticas, como ha habido ahora, en alerta roja de la Interpol”, explicó Álvarez.

 

Para el exministro, una de las razones para la reactivación del caso Mahuad es el tratar de desviar la atención respecto a otros casos ocurridos y que están ocurriendo en el actual Gobierno. “Hay cantidad de denuncias presentadas por actos de corrupción que no ha sido tramitada, hay cantidad de acusados que están en el exterior y que no se los ha incluido en la lista roja de la Interpol; por eso es curioso que a las 48 horas de que el Gobierno manifestara públicamente su complacencia de haber logrado convencer a la Interpol de incluir a Mahuad en la lista roja, la jueza dictó la sentencia, eso demuestra un sometimiento, por lo menos un temor reverencial, del (Consejo Nacional) de la Judicatura ante las presiones políticas del Gobierno”, señaló.