Los extranjeros que obtuvieron cédulas ecuatorianas de manera dolosa, habrían usado los documentos para salir del país.
La Unidad de Delitos contra la Fe Pública investiga el grado de participación de los siete funcionarios del Registro Civil, detenidos a inicios de esta semana por la adulteración de datos en el sistema informático de la entidad. Hasta el momento, se ha determinado que por lo menos 13 ciudadanos extranjeros obtuvieron la cédula ecuatoriana, cambiando nombres, números de registro e incluso su sexo, inconsistencias que permitieron detectar las irregularidades.
Los funcionarios enfrentan el delito de adulteración y uso doloso de documentos públicos, que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión.
Las auditorías internas realizadas determinaron cientos de irregularidades en las emisiones de cédulas de identidad; sin embargo, solo se ha podido judicializar 500 denuncias.
Por su parte, Alberto Ronquillo, quien representa a dos de las siete personas acusadas, sostiene que sus defendidas no tenían los privilegios informáticos para adulterar información en el sistema del Registro Civil.
El Ministerio Público no descarta que paralelo a la investigación, por uso doloso de documentos públicos, se inicien nuevos procesos por otros delitos.
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